Se puede discutir cuál ha sido la reforma social,
política y económica más influyente al día de hoy en la historia independiente
de Guatemala. ¿La caída de Mariano Gálvez y la disolución de la Federación? ¿La
Revolución del 20 de Octubre de 1944? ¿Los Unionistas que en la “Semana Trágica”
derrocaron al dictador Estrada Cabrera? Interesante debate histórico, pero no
hay duda que la Reforma Liberal, emprendida primero por Miguel García Granados
y luego, con su infame pero efectivo puño de hierro, por Rufino Barrios,
quienes lograron, en la séptima década del siglo XIX lo que ya hacía un siglo
había pasado en Francia y luego de grandes luchas, pasó en el México de Benito
Juárez: la separación entre Iglesia y Estado, una de las condiciones, de las
“aplicaciones” que según Niall Ferguson significó la aceleración de la
Civilización Occidental por sobre sus competidores.
La desamortización de los bienes de la Iglesia
Católica en Guatemala, la exclaustración y expulsión de clérigos, la brutal
lucha de Barrios con tal de obtener más poder sin duda tuvo efectos negativos
en la historia, pero rompió el monopolio educativo que esta institución tenía
en el país, al haberse fundado el sistema educativo nacional, de carácter
laico, hecho histórico que le imprimió un carácter distintivo a la Iglesia en
Guatemala –en México, se llevó tal separación a límites insospechados y
violentos, lo que derivó en la convivencia priista-.
Existe una fuerte y legítima preocupación de las
iglesias cristianas –pienso que de todos los guatemaltecos- sobre la grave
situación en que se encuentra tanto la calidad como la cantidad de educación
que reciben los estudiantes de primaria y secundaria y tal preocupación también
abarca a los valores éticos y morales que les puedan ser enseñados a niños y
jóvenes.
Tal preocupación debe ser atendida en su conjunto,
pero no con legislación que fortalezca una visión o creencia –la que sea- de
forma obligatoria, ni pretender que sólo leyendo y orando se logran revertir
años de abandono y violencia. El capital social positivo, -lxs jóvenes guatemaltecxs-
en cambio, necesita para educarse y trascender una entidad rectora fuerte,
depurada de corrupción y realmente enfundada en una mística cívica que no sólo
controle y vigile la educación pública, la cual pienso, debería irse delegando
en las municipalidades, sino que vele por la educación privada. El rescate
institucional es el que debe desvelarnos, el tener un Ministerio de Educación
robusto y limitado, pero no que se imponga la lectura de la Biblia de forma
obligatoria en ninguna instancia del sistema educativo nacional.
Los años formativos son de descubrimiento y
maduración de la fe personal y si de hecho se desea tenerla. Si esta, como ha
ocurrido tantas veces, se impone con toda la firmeza del castigo y la fuerza
del Estado e iglesias, sólo logrará generar rechazo, huida y apatía.
Como creyente y católico, no pongo en duda las
ventajas de la lectura personal de la Biblia, ni de la oración comunitaria, la
alabanza y las celebraciones cristianas asociadas a tal creencia, ni siquiera
la temprana educación religiosa, pero la iniciativa de ley presentada al
Congreso de la República hace unos días es una grave violación a la libertad
que puede sentar un peligroso precedente que va a volverse en contra de las
instituciones religiosas además de fortalecer al Estado en un área donde en mi
opinión no debe meterse: la conciencia de cada uno de los ciudadanos.
Aparte de la coyuntura actual, de la parálisis del
Gobierno y las cortinas de humo de los baldizonistas, no hay duda que estamos
siempre a punto de pasar del Estado ausente, fallido, débil que no puede
controlar la evasión fiscal, ni prestar servicios públicos decentes y el Estado
fuerte con el débil, aquel necesitado campesino, el contratista enemigo, el
rival político. Me refiero a ese “eficiente” Estado que mató personas en la
Cumbre de Alaska, el del Capitalismo de Cuates.
Queda entonces entender que no se trata de un
conflicto entre cristianos y no cristianos, entre ateos y creyentes, entre
diputados de LIDER y científicos de la sociedad civil, sino el entender que
obligar a los estudiantes de primaria y secundaria a leer, no es la forma ni la
vía de mejorar el capital social positivo, ese que desesperadamente necesitamos
si en algún momento vamos a levantar el país. Opongámonos a esta iniciativa de
ley, por la defensa de la libertad religiosa de todos y todas.
