No he sido admirador de Alfonso Portillo. Recuerdo la
amarga elección de 1999, la aplanadora azul, los escándalos, las alianzas con
militares y banqueros, su discurso de confrontar. No niego sus aciertos y el
actual cariño y simpatía que parte de la población le sigue teniendo. El
ambicioso y pragmático proyecto de compartir el vehículo electoral TODOS y
crear una bancada portillista en el futuro Congreso de la República suena
renovador y hasta seductor. Ha sido un acierto el involucrar a Lisandro Sosa
como presidenciable.
No voy a entrar a defender a Portillo, él tiene cerebro
y labia privilegiados para defenderse solo, en cambio me referiré a la
peligrosa puerta que la autoridad electoral abrió al rechazar su inscripción
como candidato a diputado por el Listado Nacional de TODOS.
Un asunto es rechazar inscripciones de candidaturas
por la falta de requisitos legales medibles y claros, por ejemplo, tanto los
candados constitucionales como el que afectó a Zury Ríos, pasando por
pendientes de finiquitos o investigaciones en curso como las de los candidatos
de LIDER, y otra es negar inscripciones por criterios de idoneidad y honorabilidad
mencionados en el artículo 113 constitucional –referido a trabajadores del
Estado- si bien son términos claros, en el plano electoral pueden caen en la
discrecionalidad, es decir, pueden darse interpretaciones falibles, antojadizas
y arbitrarias sobre quién es honorable y quien es idóneo.
Hoy muchos respiran tranquilos ante la casi segura
exclusión de Portillo como candidato, pero tal decisión le hace poco favor a la
democracia guatemalteca.
Hoy no se inscribe a Portillo, mañana, no se
inscribirá más que a quienes tengan el beneplácito del partido político
corruptor de turno, las presiones de los bienintencionados expertos y de los
jóvenes proGuatemala –tan representativos ellos- así que sirvan estas palabras
de aviso.
¿A quién aviso? Mi preocupación va a que este tipo
de criterios discrecionales sea usado en contra de las aspiraciones políticas
de líderes de movimientos sociales, líderes comunitarios en la lucha por la
tierra y contra la extracción minera, ecologistas, líderes estudiantiles y todas
aquellas personas que quieran involucrarse como candidatos de elección popular,
cumplan con los requisitos de ley pero que sin fundamentos ni pruebas puedan
ser calificados con la interpretación del artículo 113 antes mencionado por la
autoridad electoral. Este tipo de
decisiones a mi parecer refleja un profundo desprecio por la voluntad popular.
La existencia de filtros, requisitos y candados
legales para vedar la participación de ciertas personas para cargos de elección
popular es signo de que vivimos en un Estado de Derecho pero que uno de tales
candados sea tan discrecional desnuda un claro miedo por una democracia más
libre, más participativa, más legítima.
Portillo está eligiendo el camino de confrontación
cívica y por el momento pacífico. Señores autoridades electorales, señores
aliados de “la honorabilidad, buenas costumbres y la Patria”, hay suficientes
batallas por luchar. Déjense de engañar a ustedes mismos, sean demócratas y
permitan las inscripciones de candidatos que cumplan con los requisitos
reglamentados y confíen en el elector.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario