Guatemala, viernes 06 de julio de 2007 - 16:21 horas

Opinión:
¿Podemos despreciar la CICIG?
El Estado de Guatemala ha perdido soberanía.
Carol Zardetto /elPeriódico redaccion@elperiodico.com.gt

He escuchado en estos días diversos argumentos contrarios a la promulgación de la ley que aprobaría la CICIG. En primer término, están los vinculados a la soberanía del Estado, pues los detractores de este proyecto están aparentemente preocupados por salvaguardarla. Este argumento se utiliza hábilmente por ser “políticamente correcto”, o bien de una manera light, sin analizar lo que realmente significa. Hablando sin hipocresías, el Estado de Guatemala ha venido perdiendo soberanía de una manera alarmante y no a manos de organismos externos. El poder soberano del Estado se manifiesta de manera fundamental en la capacidad de ejercerlo por medio de la aplicación de la Ley a sus propios ciudadanos. Esto solamente se logra en un Estado democrático a través de los diversos estamentos del sistema de justicia.

El sistema de justicia en Guatemala es inoperante. Esto no es una opinión personal exagerada. Es un dato puro y duro que ha sido declarado por las propias autoridades judiciales y del Ministerio Público, quienes públicamente han afirmado tener una eficiencia sobre los casos bajo su conocimiento que no rebasa el 5 por ciento en el área penal. Ello significa que el 95 por ciento de los casos no son resueltos. Dicho en otros términos, en Guatemala, la justicia penal no existe.¿Podemos afirmar que el Estado de Guatemala es soberano cuando no existe justicia penal? La nica respuesta sincera a esta interrogante es aceptar que no. El vacío que deja la justicia, lo llenan los poderes “no soberanos” que están en control de la situación. Esto lo saben los vecinos de la colonia Kennedy, lo saben los vecinos de Cunén. ¿Por qué lo quieren ignorar los juristas?

Por otro lado, están los puristas que afirman que debemos esperar a que el sistema de justicia y sus órganos constitucionales se fortalezcan y refuercen por sí mismos. Asumiendo que esto estuviera ocurriendo, el proceso tomaría unas cuantas décadas. ¿Vamos a pedirles a los pilotos de los autobuses, a las mujeres asesinadas impunemente, a los vecinos acorralados por los pandilleros, que esperen alrededor de 20 años para ser resguardados por el poder soberano del Estado de Guatemala?

La galopante inseguridad a que nos ha llevado el no darle importancia al resquebrajado sistema de justicia, se ha convertido en un asunto de emergencia y debería ser la prioridad número uno de todos los ciudadanos y de la fuerza política. La CICIG constituye una “transferencia de tecnología investigativa”, sin más fantasmas. Eso es una respuesta contundente y seria a nuestro problema de inseguridad. Debemos tenerlo claro: no es sino a través de la investigación de los delitos y de las redes criminales y su debido procesamiento legal que podremos recuperar la soberanía del Estado de Derecho. No aceptar esta oportunidad es temerario.